La Providencia

Una vez perpetrado el golpe de Estado en 1973, el inmueble fue tomado ilegalmente por Carabineros y, luego, expropiado por el fisco en 1975, con el propósito de ser destinado a Carabineros de manera oficial en 1977, a través de el Decreto N°38 de la Secretaría Regional Ministerial y el Ministerio de Tierras y Colonización para el funcionamiento de la Subcomisaría de Menores, Jardín Infantil “Piolín” y el Servicio de Inteligencia de Carabineros (SICAR) Antofagasta. En este marco, se entregó una compensación económica a la Congregación de las Hermanas de la Providencia, tal como consta en la escritura pública del Conservador de Bienes Raíces de Antofagasta. 

 

El espacio fue utilizado como uno de los 42 lugares de detención declarados en la región, con la característica de ser el centro de detención clandestino que estuvo en uso la mayor cantidad de tiempo en Chile (al menos 13 años). El recinto fue utilizado principalmente por Carabineros de Chile en conjunto con las policías secretas del régimen militar, representadas por la Dirección Nacional de Inteligencia (1972-1977) y la Central Nacional de Informaciones (1978-1990).

 

Prisioneros y prisioneras pudieron identificar dónde se encontraban, debido a los cantos y campanas de la iglesia, las imágenes religiosas, el sonido del tren y las voces de niños y niñas. Y es que, al interior del lugar, mientras operaba el centro de detención y tortura también funcionaba el jardín infantil Piolin, a cargo de Carabineros. 

 

“Mientras tanto, mi esposa, moviendo cielo y tierra, logró ubicarme en “La Providencia”. Gracias a terceros, supo dónde estábamos. Y [ella], junto a otras esposas, se instalaban diariamente frente al lugar de detención hasta que lograron hacernos llegar frazadas y alimentos” (Relato de ex preso político detenido en febrero de 1975, entregado a la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Torturas).

Trabajadores y trabajadoras de la Vicaría de la Solidaridad de Antofagasta y de la Comisión Regional de Derechos Humanos de Antofagasta se encargaron de denunciar públicamente durante la época el uso del lugar como centro de torturas. Además de los intentos por familiares de detenidos y detenidas de denunciar el espacio a organismos nacionales e internacionales, quienes en junio de 1980 enviaron una carta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos denunciando el uso de Providencia como centro clandestino de detención y tortura.